Situación de colapso del delta entrerriano
El presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy (SRII), Armando Cadoppi, advirtió a AIM que “más del 20 por ciento del delta entrerriano está endicado, sin un plan integral de manejo del agua y del medio ambiente”, y confirmó que esta situación “afectará cada vez en mayor medida a comunidades extradelteñas, como Buenos Aires, Rosario, Escobar, Zarate, Gualeguay y Gualeguaychú”. Reclaman la participación del Estado para trabajar en conjunto.
En diálogo con eta Agencia, Cadoppi aseguró que el gobierno “se niega a reconocer que en el delta son más de 300.000 las hectáreas endicadas y no 60.000, como afirmaron sus funcionarios en el Foro del Agua”, que se realizó en marzo pasado en Paraná.
El presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy (SRII) reclamó a la provincia un marco regulatorio adecuado para trabajar e invertir ordenadamente “sin afectar al medio ambiente, sin afectar los servicios que brinda el humedal y sin alterar los niveles de las aguas”. “Tergiversan (los funcionarios) la realidad y deberán responsabilizarse por el muy severo daño en el medio ambiente y las comunidades”, dijo.
Además, Cadoppi agregó que “la realidad es crítica, y en tanto no se tomen medidas y continúe la situación de colapso, que es muy preocupante, el agua subirá y afectará tanto a productores como a sociedades delteñas y extradelteñas, como Buenos Aires, Rosario, Gualeguay, Gualeguaychú, Escobar, e incluso, podría tener derivaciones en ciudades de Uruguay”.
Negar el problema
El ruralista afirmó que los gobiernos nacional y provincial niegan el problema: “niegan que, de 1.800.000 hectáreas que tiene el delta, desde Diamante hasta la desembocadura del Río de la Plata, haya más de 300.000 endicadas en el delta entrerriano”.
También señaló que “no contar con un marco regulatorio serio y objetivo, genera la actual situación de colapso del delta, ya que se realizan obras de defensa contra inundaciones (tanto obras públicas como privadas) sin contemplar a todo el delta como región. Por consiguiente, cada día estamos alterándolo más y llevando el agua de un lado al otro. Esta falta de marco regulatorio provoca que, tanto las inversiones públicas como privadas, se superpongan y contrapongan, es decir que muchas veces se malgasten los recursos públicos y se realicen inversiones privadas con gran incertidumbre sobre los efectos a largo plazo”.
Según Cadoppi, “la negativa del gobierno provincial en admitir esta realidad, genera serios conflictos y perjuicios en la zona, ya que en situaciones de creciente de los ríos Paraná, Uruguay o Gualeguay, o de una sudestada, el agua tiene menor superficie para abarcar porque se han modificado cursos de agua, por lo cual, el agua drena cada día de manera distinta y además su altura sigue subiendo descontroladamente”.
El otro aspecto está relacionado con la decisión del gobierno nacional de empujar al productor a sembrar sólo soja y a desalentar otras producciones. “La falta de políticas de producciones alternativas a la soja, como la ganadería, la forestación, el turismo o la apicultura, está promoviendo que se destine una importante superficie a producir soja en el delta, una región sumamente frágil ambientalmente y con enorme cantidad de agua superficial disponible”.
Trabajo con participación
Cadoppi reclamó nuevamente al gobierno provincial la urgente necesidad de analizar objetivamente el desarrollo del delta participando a los isleños, y reiteró que negar una realidad que “ya está afectando a otras comunidades y provincias, con gran impacto social y en el medio ambiente, solamente aumentará los efectos negativos”.
El licenciado en Alimentos recordó: “tenemos un humedal que es único en el mundo, ya que el delta no sólo es para ir a pescar sino que es una región donde se filtra el agua que después toman las comunidades para potabilizar, donde se regulan las crecientes, se desacelera la velocidad con la que llega el agua dulce al mar (acelerar la velocidad de llegada al mar, reduce la disponibilidad de agua dulce, un recurso muy importante y escaso para la vida humana), y se generan conflictos entre los productores, que ya trascienden a las entidades”.
El titular de la Sociedad Rural de Islas reiteró la exigencia al gobierno de un marco regulatorio adecuado, “para seguir produciendo e invirtiendo, pero sin desequilibrar el medio ambiente; que se conozca la manipulación que realiza el hombre y se mitiguen los impactos de la mayor y mejor manera posible”. Por eso, consideró que “es vital que las fuerzas vivas comiencen a analizar integradamente los cuidados ambientales, para arribar a proyectos sustentables que tengan el consenso de la población y sean producto de la participación de todos los actores”.
El profesional contó a AIM que en tal sentido trabajan con investigadores de la Fundación Humedales y con la Universidad San Martín, y con el equipo de científicos que más conocen el delta, como es el liderado por los doctores Patricia Kandus y Rubén Quintana, “para lograr el mejor trabajo posible”. “Buscamos arribar a un trabajo con aval científico y con el consenso de las comunidades isleñas, porque generar endicamientos para pocos o para barrios privados, sin prever el impacto ambiental, no solo daña el ambiente, sino que expulsa isleños para los cordones marginales de las grandes ciudades”.
Cadoppi manifestó que desde la entidad que preside “bregamos por que se siga trabajando, invirtiendo y generando más mano de obra, pero con desarrollo sustentable, y con regulación, con la participación de todos los actores”.
Fuente AIM
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