Denuncian que abren la puerta a la privatización del agua

La Coalición Cívica arremete contra el proyecto de un senador peronista. "Es anticonstitucional, está en franca oposición al artículo 85 de la Constitución Provincial de 2008, en donde se cita que el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado", advirtió De la Cruz de Zabal , presidenta de la Coalición Cívica Entre Ríos - ARI y ex convencional constituyente.

                                                                                            Adriana de la Cruz Zabal ( Foto AIM)

El proyecto de regulación de los servicios sanitarios que aguarda tratamiento en el Senado de Entre Ríos es una  iniciativa impulsada por el legislador César Melchiori y abre la puerta a la privatización del agua, denunció la presidenta de la Coalición Cívica ARI de Entre Ríos, Adriana de la Cruz de Zabal.

En declaraciones formuladas a “En el Dos Mil También”, la ex convencional constituyente sostuvo que la iniciativa del senador César Melchiori (FPV-Islas) viola el artículo 85 de la Constitución de Entre Ríos, que prohíbe que el servicio de agua sea prestado por particulares.

Al aludir al texto del proyecto que alude a la posibilidad de que el servicio sea prestado por figuras públicas, privadas o mixtas, De la Cruz de Zabal declaró: “No creo en la inocencia de este artículo”.

Fuente : En el Dos Mil También /FM Litoral

Oertlin aseguró que el fallo por el IIR “demuestra que en Entre Ríos no hay justicia”

El presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Edelmiro Oertlin,  afirmó a AIM que el fallo del juzgado Civil y Comercial de Paraná que echó por tierra el planteo de inconstitucionalidad de las normas que sostuvieron el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural (IRR), en abril de 2012, “demuestra que en la provincia no hay justicia”, y aseguró: “Con estas políticas estatales habrá una importante desaparición de productores”.

                                                  Oertlin: "en Entre Ríos no hay justicia”.

 
En Entre Ríos “no hay Justicia, ya que ratificar el descabellado e inconstitucional aumento que hubo el año pasado con respecto a al IIR no tiene sentido, ya que el gobierno no cumplió con las pautas normativas que estaban establecidas y se ratificó algo sin modificar la Ley”, dijo Oertlin a esta Agencia.

Ahora los ciudadanos no saben “cómo debería actuar la Justicia, porque hay sobradas razones para afirmar que esto que ocurrió es incosntitucional y se podría llegar a pensar que hay presiones por parte de algún lado para afectar directamente a los productores”, afirmó.

En ese marco, indicó que “la situación de los productores medianos y pequeños podrá complicarse muy fuertemente; acá no hace falta ni un crédito ni un subsidio, sino recomposición de los precios y de la parte impositiva, sino se logra hacer eso habrá una desaparición de productores importantísima”.

Al respecto, detalló que “lamentablemente el campo entrerriano está en circunstancias muy difíciles; el productor tiene un desfasaje importante ya que los números no le cierran y en ésto no solamente influye la parte impositiva sino que se suman los costos de producción que se incrementaron a valor del dólar no oficial y que la producción se paga en dólar oficial, menos las retenciones”.

Cabe recordar que desde 2003 a 2009 desaparecieron 60.000 productores y ahora no hay datos recientes, “pero en el campo se observa una disminución” de chacareros, dijo Oertlin, quien afirmó: “Cone estas políticas, el gobierno fomenta la desaparición de productores y la concentración en todos los niveveles; en la ganadería, la lechería, las economías regionales, en todos los casos el gobierno favorece la concentración de los capitales”.

Sobre los pasos a seguir, el dirigente comentó que aún no se definió cuándo se realizará un encuentro, pero calculó que en esta semana o la próxima podría haber una reunión.

El impacto de la lluvia

Pero no solamente las políticas públicas impactan negativamente, sino que la sequía generó nuevos problemas al sector. En ese marco, el productor comentó que en la provincia “fueron dispares las precipitaciones, por lo que hay distintas escalas de daño”. En ese sentido, precisó que “en algunos casos los daños son irreversibles, sobre todo en las sojas de primera y ciclo corto, pero en la soja de segunda, en las sembradas más tarde, se podría recuperar algo de las posibilidades productivas,  pero todavía no se sabe en qué nivel”.

Si bien habría buenas perspectivas para la soja de segunda, “no queda mucho tiempo para que se produzca una gran cantidad, pero podría revertirse en parte el pronostico desastroso que había”, dijo.

Fuente: AIM

Implementarán las guías digitales para las operaciones ganaderas

A partir de marzo se implementarán las Guías de Transacciones Ganaderas Digitales, nuevo sistema electrónico de emisión de guías que permitirá simplificar los trámites para el productor, ahorrar recursos al gobierno provincial y mejorar el seguimiento sobre el movimiento del rodeo. Productores y operadores ganaderos deberán darse de alta en el sistema porque a mediados de 2013 sólo funcionará esta nueva modalidad.

“Se ahorrarán por año cerca de dos millones de pesos en estampillas, emisión de guías y otros gastos a la provincia, además de mejorar el control y facilitar los trámites”, destacó el Ministro de Producción, Roberto Schunk.

“Entre Ríos es la segunda provincia en Argentina que tendrá vigente un sistema electrónico. Hemos analizado un programa que tiene el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el procedimiento que utiliza la provincia de Buenos Aires para desarrollar el mejor sistema electrónico en Entre Ríos”, comentó Schunk.

Las guías son obligatorias para cualquier movimiento de hacienda y este nuevo sistema reemplazará en el corto plazo las actuales guías manuales por otras con el mismo formato pero que se pueden confeccionar e imprimir desde internet.

Además de solucionar algunos problemas que presenta el actual sistema, las Guías de Transacciones Ganaderas presentan la comodidad de poder realizarlas desde cualquier lugar que tenga internet y en cualquier momento.

De esta manera, se mejora el control de los movimientos y ventas de ganado, y con ello, se da respuesta a un pedido que vienen realizando desde hace un tiempo ya los productores. También facilita el trabajo de la Policía, mejora la eficiencia del sistema bajando costos, facilita la emisión, mejora el control por parte de los organismos del Estado y aumenta la información para el desarrollo de políticas productivas adecuadas.

Las nuevas Guías comenzarán a funcionar a partir de marzo y contarán con un código de barras que permitirá el pago de las transacciones en cualquier lugar habilitado para el cobro por la entidad recaudadora, reemplazando el engorroso sistema actual de compra de estampillas.

Durante un breve período convivirán ambos sistemas para que productores y operadores ganaderos puedan darse de alta en el sistema y familiarizarse con el mismo. A mediados de 2013 se trabajará sólo con Guías de Transacciones Ganaderas Digitales.

Fuente : FM Riel Basavilbaso

Tamberos, sin respuesta

La Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL) que integran las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, junto con otras nueve organizaciones de tamberos, emitió un documento en el que aseguró que "nuestra lechería no tiene futuro" sin la participación de sus integrantes en las decisiones.

Bajo el título "Una lechería sin respuestas", la MNPL aseguró que continúa sin respuestas las demandas planteadas al Ministerio de Agricultura en agosto del año pasado, cuando se solicitó un reembolso de 30 centavos a la producción de los primeros tres mil litros de leche, y otras formas de financiamiento que no obtuvieron respuesta.

El Gobierno asumió el compromiso de estudiar la medida y a la vez el Ministerio de Economía intervino a los efectos de analizar la cadena de valor lácteo a los efectos de corregir eventuales distorsiones en la comercialización. "El estudio está terminado según nos manifestaron desde la Dirección de Competitividad del Ministerio de Economía correspondiente, sin que a la fecha nos llamaran para informarnos de los resultados obtenidos", indicaron desde la MNPL.

La entidad que agrupa a las organizaciones tamberas también criticó con dureza el "congelamiento de precios" al que calificó como una de las políticas "que distorsionan la competencia, desalientan la inversión y el crecimiento, sin resolver los problemas de quienes dice proteger". También criticaron a las principales industrias lácteas "que no colaboran con el aporte de transparencia que se necesita para el adecuado ordenamiento de la actividad".

Fuente:Ambito Financiero

La Justicia avaló el aumento del Inmobiliario Rural

El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 rechazó el planteo de inconstitucionalidad que hizo el campo.

A casi un año de que fuera noticia la judicialización del reclamo en contra de los nuevos valores del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), el gobierno provincial obtuvo un fallo que echa por tierra los argumentos planteados en una acción de inconstitucionalidad contra las normas que permitieron esa valuación impositiva. El fallo, del juez en lo Civil y Comercial Nº 2 Martín Luis Furman, se produjo el miércoles.

 El abogado José Velázquez, en representación de Ana María Oríz y de Alcides Vicente Martínez, promovió la acción atacando numerosos aspectos de las leyes y decretos que permitieron el incremento del tributo a inicios de 2012. En ese momento, las entidades agropecuaria sostuvieron que esa suba llegaba en algunos casos al 700% y recurrieron a la Justicia.
 
En este caso puntual se promovió la acción para la Ley N°10.130; el Decreto N° 486/2012; la delegación de facultades del artículo 13 de la Ley N° 8.672; el método adoptado por el decreto 486/2012 y la Ley N° 10.102; pidiéndose además que cautelarmente se suspendan los efectos de las dos últimas normas mencionadas.


En una extensa argumentación el letrado sostuvo que las normas que cuestionó afectan a la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada; y también al Pacto de San José de Costa Rica ya que la Provincia no respetó “las exigencias formales para la recaudación impositiva y avasalló a través del despojo la propiedad privada...”.


Para determinar el avalúo fiscal -del que se deduce el monto del tributo a pagar- debe antes determinarse el “valor básico unitario” que se multiplica por la superficie de la partida y por el coeficiente de ajuste, para obtener el valor final. A su vez, el valor de la hectárea está determinado por otros elementos, como la zona ecológica económica a la que pertenece (en la provincia hay 37 zonas).

Velázquez sostuvo que todos esos actos administrativos que alteran unilateralmente el avalúo fiscal, escaparon al control del Poder Legislativo deviniendo ilegales y arbitrarios. Que al dictar el decreto 486 el Ejecutivo no respetó la fórmula de los anexos del Decreto N° 6827/1992 al que también calificó de ilegal; y que la Ley 10.130 ratificó los actos “nulos de nulidad absoluta llevados a cabo por el Ejecutivo”.

El extenso repaso de los diferentes instrumentos legales llevó al letrado a calificar el accionar del Ejecutivo como desprolijo y arbitrario, sin respetar siquiera -en el caso de la Ley 10.130- el principio de legalidad, que en este caso reclama que la ley formal contenga por los menos los elementos “básicos y estructurantes del tributo”, como son la configuración del hecho imponible, la atribución del crédito tributario a un sujeto, la determinación del sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota y las exenciones.

También denunció Velázquez que para sancionar esa norma se violó el principio republicano “al haber usado a la legislatura como una escribanía”, basándose en declaraciones periodísticas del presidente del bloque de diputados radicales, Agustín Federik. A su turno, el Fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes, basó su respuesta señalando que el error inicial del actor es considerar que se asiste “al nacimiento de un tributo cuando en realidad solo estamos en presencia de una simple ratificación de la determinación del avalúo”, enfatizando que el tributo fue creado por ley que y que el Poder Ejecutivo hizo uso de sus facultades para establecer fórmulas de cálculo del mismo.

Entre otros aspectos, destacó que un tributo se considera confiscatorio cuando supera el 33% (del valor de la propiedad) pero que la actora no ha dicho ni demostrado nada al respecto.

En la sentencia, el magistrado entendió -citando en su apoyo a Daniel Sabsay- que el análisis de la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe realizarse “con suma prudencia”. En cuanto al artículo 13 de la Ley 8.672, que dispuso que el Ejecutivo realice la aprobación de las zonas, valores unitarios básicos y fije la fecha de vigencia de las valuaciones fiscales; Furman señaló que “la ley no podría en ningún caso -ni siquiera la reglamentación-, por lo engorroso e innecesario, fijar el valor de cada inmueble objeto del tributo.

Lo que sí debe hacer la ley es fijar las distintas categorías de construcciones y las pautas o parámetros que condicionan la pertenencia a cada una de ellas, los valores de reposición, los índices de amortización o depreciación, así como los elementos a ser tenidos en cuenta para el avalúo de los terrenos...”

Por ello, destaca luego que la Ley 8.672 “no ha delegado la facultad de determinar la base imponible” como se denunció, “sino el valor unitario básico y conforme las detalladas pautas que la misma ley proporciona”. En esa perspectiva, la delegación legal en el Ejecutivo se adecua al marco constitucional ...”, agregó.

La defensa de la constitucionalidad de la Ley Nº 8.672 se extiende al decreto 486, que se suponía ilegal por haberse dictado como consecuencia de lo dispuesto en la ley. Pero esa no era la única objeción al decreto, también se lo atacaba -paradójicamente- por no seguir lo que manda la 8.672 en cuanto a la forma de calcular los valores básicos. La norma superior manda a tener en cuenta los rendimientos físicos y precios de los cinco años anteriores al año en que se disponga la vigencia de las valuaciones, mientras que de acuerdo a la denuncia el Ejecutivo sólo tuvo en cuenta los precios del último año; pero no se ofrecieron pruebas al respecto. Igualmente el juez entendió que “la consideración de los precios del último quinquenio no es un requisito legal para todas las etapas” y que, por lo tanto, el decreto no violó la norma superior.

A su vez, la Ley 10.130 fue impugnada por haber ratificado al decreto 486. Si éste fuera inconstitucional, también lo sería la ley. Como el juez entendió que el decreto se adecua a la Constitución Nacional, ese argumento perdió su sustento.

El segundo motivo de impugnación es que la norma habría violado el sistema republicano, por haber usado a la Legislatura como “una escribanía”. El juez dijo: “...Excedería ampliamente mis facultades considerar, por ejemplo, si el Ejecutivo envió el proyecto al Senado porque allí el partido de gobierno tiene la totalidad de las bancas como se denuncia ...”.

En cuanto a la Ley 10.102, que aplica alícuotas progresivas a los efectos de calcular el impuesto, el juez otorga razón al demandante, que señaló que la cuota fija tiene como objeto facilitar el cálculo del impuesto a partir de establecer el máximo valor del tramo inferior. Y que, sin embargo, la ley establece valores para las cuotas fijas que superan el máximo de la escala anterior provocando una discontinuidad en la progresividad del impuesto, lo cual conculcaría el principio de equidad incorporado en la Constitución Provincial.

Sin embargo, indica que ello, de todos modos, no es suficiente “para tachar a la ley por inconstitucional. En efecto, la impugnante parte de una premisa sin fundamento normativo: que la cuota fija tenga como objeto facilitar el cálculo del impuesto a partir de establecer el máximo del valor del tramo inferior. No advierto el fundamento constitucional en virtud del cual tenga que haber una coincidencia absoluta. Más bien entiendo que se trata de una cuestión de política legislativa. El legislador tiene facultad para establecer las alícuotas y montos imponibles...”, precisó.

Fuente:RecintoNet

Se presentaron los resultados de la investigación “Nuevos actores agrícolas de la provincia de Entre Ríos”

El viernes 14 de diciembre en la EEA Paraná se presentaron los resultados de la investigación de carácter regional que tuvo como objetivos  la identificación y localización de los nuevos actores del sector agrícola y el estudio de las implicancias que los mismos tienen sobre el desarrollo rural en la provincia de Entre Ríos.

Durante el transcurso de este año, el Centro Regional del INTA Entre Ríos junto a la Universidad de Toulouse Le Mirail desarrollaron un programa de investigación que buscó identificar las formas, la organización, la cuantía y la distribución de los nuevos actores agrícolas en la Provincia de Entre Ríos. También a partir de esta metodología se identificaron las implicancias que estos sistemas de producción tienen sobre el territorio provincial.

“Este es un estudio que marca una fotografía actual de la agricultura en Entre Ríos. Intentamos indagar el porqué de que muchos actores estén presentes en ese territorio y por otra parte, saber que hay una situación dual en la agricultura entrerriana, en la que coexisten productores tradicionales, con una lógica de cuidado de su patrimonio vinculada a su tierra y una dinámica empresarial con una agricultura mucho más dinámica, explosiva, mucho más abarcativa, mucho más agresiva de parte de estos nuevos actores que ocupan el 60% de la superficie agrícola provincial”- manifestó el Ingeniero Ricardo Amavet, Director del CRER, al ser consultado sobre los objetivos y alcances de la investigación.

La originalidad metodológica de este trabajo se basó en la organización y logística en terreno a través de la red de Agencias de Extensión Rural (AERs) del INTA Entre Ríos en forma orgánica. “Esta investigación se llevó a cabo utilizando la red de Agencias de Extensión del INTA a nivel regional con la colaboración de instituciones como la Bolsa de Cereales, el Colegio de Profesionales de la Ingeniería, la Universidad Nacional de Entre Ríos y el aporte de referentes locales, de contratistas, productores, técnicos, que nos permitieron localizar e identificar a los productores agrícolas en cada uno de los departamentos de la provincia”- continuó Amavet.

La investigación se desarrolló durante 10 meses en una serie de etapas a partir de las cuales se construyeron 8 categorías de nuevos actores, se realizó una prueba piloto en el Distrito GENÁ del Departamento Uruguay, se localizaron primero manualmente y luego digitalmente sobre el Mapa Rural de la provincia cada una de estas categorías identificadas con un color diferente, se realizaron 46 entrevistas a informantes clave para la validación del tipo de actores y se sistematizó la información en un documento que será publicado en los próximos meses.

El Dr. Marcelo Sili, profesional de reconocida trayectoria en estas temáticas e investigador del CONICET, integró el Equipo Técnico Externo del proyecto, junto a la Dra. Martine Guibert, del equipo “Dynamiques Rurales” de la Universidad de Toulouse Le Mirail, que investigan estas dinámicas en todo Latinoamérica.

En relación a las conclusiones  y hallazgos obtenidos del proyecto, Sili manifestó que  “Esta investigación ha sido muy rica en identificar quién es quién en el sector agropecuario entrerriano, el peso que cada de uno ellos tiene y el impacto territorial que implican o generan cada uno de estos actores. Porque no es el mismo impacto que genera un pool que un productor familiar que genera un empleado local”.

Pensábamos que el pool de siembra tanto el local como el extra provincial tenía un peso considerable y simplemente hemos visto que solamente alcanza aproximadamente el tres por ciento de la superficie agrícola provincial. Sí emerge con muchísima importancia el rol de los productores familiares expandidos, es decir, aquel productor que tiene 200, 400 ó 1000 ha (hectáreas) pero que alquila para llegar a una escala en el mercado que le permita ser mucho más competitivo. Esos actores tienen un peso fundamental en la provincia, tal como pasa en otras provincias que he estado observando. Estos datos nos clarifica un poco este prejuicio que teníamos respecto a los pool, que en realidad tienen un peso mínimo, emergiendo sí otras categorías como los productores familiares que se expanden, emergen las cooperativas, los prestadores de servicios y los productores que vienen de afuera de la provincia”.

En tanto que los pools de base extra-local ocupan un lugar muy reducido en el contexto provincial -sólo un 2% de la cantidad de actores y un 4% de la superficie sembrada-, los pools locales son menos actores pero ocupan la misma superficie que los pools extra-locales, las empresas proveedoras de servicios e insumos ocupan sólo un 2% de la superficie agrícola provincial. Las grandes propiedades ocupan el 35 % de la superficie provincial y los productores familiares expandidos son la categoría más importante, ocupando el 44% de la misma y el 57% de los actores. Los productores expandidos de menos de 1.000 ha son muy importantes en los Departamentos de Victoria, Villaguay y Nogoyá. En tanto los que tienen más de 1.000 ha son importantes en Victoria, Villaguay y La Paz. Los productores extra provinciales ocupan aproximadamente el 10%. Las cooperativas son los actores menos numerosos y que menor superficie ocupan (menos del 1%) al igual que los profesionales.

En relación a los resultados arrojados por esta investigación Martine Guibert expresó que “en el caso de los países del MERCOSUR hemos estado siguiendo un poco lo que estaba pasando con los pooles, o esas empresas de producción agrícola que se localizan también en países como Uruguay, Paraguay, el centro- oeste de Brasil… Estamos siguiendo un poco su trayectoria y cómo se están relacionando con la tierra. O sea, a menudo la alquilan, y ahora nos estamos dando cuenta que la están comprando. Así que hay similitudes y también diferencias. En el caso del Paraguay, estamos viendo un poco también lo que está pasando con los productores locales: que se están expandiendo cambiando su perfil productivo”.

Fuente: Lic. Bernardita Zeballos
bzeballos@parana.inta.gov.ar

Las cooperativas estrenan en 2014 planta de etanol

Una planta industrial cooperativa, ubicada en la localidad cordobesa de Villa María, comenzará a producir bioetanol en 2014. Tiene prevista una inversión de 130 millones de dólares. «La planta estará operativa durante los primeros meses del año 2014», adelantó el titular de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Daniel Biga, a cargo de la puesta en marcha del emprendimiento.

De acuerdo con los datos suministrados por Biga, ACA BIO también será la única en el país que extraerá el aceite del maíz para alimentos de ganado. Esa extracción la hará mediante la utilización de 100.000 toneladas al año de granos destilados y secos solubles (DDGS) de alto contenido proteico y fibra, que permitirán alimentar unos 250.000 vacunos por día.

Materia prima
La empresa utilizará diariamente como materia prima 400.000 toneladas anuales de maíz o sorgo bajo tanino producido en la región y el resto de la provincia de Córdoba, lo que permitirá agregar valor a la producción para la región centro centro sur de la provincia.

A través del vapor de la misma planta se generarán 8 megavatios de energía para la planta, de los que 5 MW serán empleados por la planta y 3 MW ofrecidos a la línea de energía (SIN).
La firma ACA BIO Cooperativa Limitada está constituida por capitales argentinos, a través de la integración de los socios de la ACA y de 50.000 productores adheridos a 153 cooperativas distribuidas en 600 localidades del país.

Fuente: Diario Ambito Financiero