miércoles, 20 de febrero de 2013

"No hay intención de privatizar el agua" , dice Melchiori 

El senador peronista respondió a las críticas de la Coalición Cívica
El senador provincial César Melchiori (FPV-Islas) sostuvo que el proyecto que procura regular los servicios sanitarios en Entre Ríos no acarrea ninguna intención privatista y que, por el contrario, lo que se intenta es limitar cualquier propósito de transferencia al sector privado.

En declaraciones formuladas esta tarde a “En el Dos Mil También”, Melchiori desestimó las críticas formuladas desde la Coalición Cívica ARI, fuerza partidaria que denunció que la iniciativa, que se encuentra en el Senado de Entre Ríos, abre las puertas a la privatización.

“Yo no me voy a suicidar por lo que piensan ellos”, declaró el senador.

Fuente : En el dos mil también / FM Litoral

martes, 19 de febrero de 2013



EDUCACIÓN Y TRABAJO



Qué tema. Cuánta tinta ha corrido con mención a esta cuestión fundamental para el desarrollo social y económico de los pueblos en todo el mundo.
Cuán poca importancia se le da desde los despachos oficiales.
La educación no es tenida en cuenta respecto de su potencialidad para la capacitación del individuo en su proyecto como ser integrado al trabajo y desde el trabajo en el proyecto social. Tan poco se lo considera que solamente el problema salarial empantana todo el proceso educacional. 

Otra vez el problema salarial que no es promovido por los docentes sino por ese retaceo mezquino con que se los trata.
Recurrir a un paro no es un acto deportivo ni de entretenimiento. Es un acto de lucha. Salir a la calle no es un juego cuando salimos a luchar contra la injusticia. Es tan peligroso en lo personal como lo son las injusticias para la vida de los pueblos en general.
Cuántas veces se vuelve a la casa desalentado por la indiferencia reinante. La indiferencia de aquéllos por quienes se lucha. Y la cuestión es no aflojar. La lucha de hoy significa que la misma tenga que ser menos dolorosa, menos cruenta, mañana.

Los alumnos al no tener conciencia de lo que se trata celebran que no haya clases. El docente no. Al docente se le arranca el alma cuando piensa que perderá un día de clases, porque sabe lo que eso significa. 

El docente, como todo ciudadano quiere vivir en un mundo mejor y por supuesto, sabe que en sus manos está gran parte de esa responsabilidad.
Sabe que la base de la armonía de un pueblo está en las posibilidades de que haya trabajo y educación para todos.

Para que esto suceda es menester dedicarle mucho tiempo a la enseñanza.
Ello implica tener que despreocuparse de otros temas de carácter laboral, no andar buscando otro empleo para poder llegar a fin de mes con la mesa completa para alimentar a su familia.
La tarea del docente es un trabajo que debe realizarse a conciencia.

Es tan importante como la de un legislador, la de un juez o la de un ministro. Yo no la desmerecería frente a la de un gobernador o de un presidente. Históricamente, un docente cobra un salario menor que el 10% del de un legislador. Recuerdo que les decía a mis alumnos, futuros docentes, “la patria está aquí, con nosotros trabajando, esto que estamos haciendo es lo más importante que podemos hacer, no olviden que de las aulas que estarán a nuestro cargo se estará formando un futuro presidente o un futuro obrero, que deberán superar con su esfuerzo y sacrificio, y reparar con generosidad espiritual, las pobrezas y las miserias, que no podamos revertir nosotros”.

Nadie es más importante que un maestro en el momento en que está frente a sus alumnos.
De él depende que estos estudien para saber no sólo para aprobar. Que entiendan que el trabajo dignifica. Que se formen como seres solidarios. Que reconozcan en el amor al prójimo desde el amor a su familia como a los vecinos, a sus compañeros, a la Patria. Si esto no es prudente y responsablemente presentado en la cotidianeidad educativa no se consigue imponer como ejemplo de vida, nada más desde lo académico.

Las autoridades a esto lo saben. Es lo que prometen desde las tribunas y se comprometen para que se las elija. Pasada las elecciones, borrón y cuenta nueva. Pareciera que de un momento para otro desaparece el problema, como por arte de magia.
Desde hace mucho tiempo los salarios de los maestros han sido y son postergados, gobierno a gobierno. 

Se habla del asunto con ofertas ridículas que los irritan más que los serenan.
Empieza un nuevo período.

Se habla con grandilocuencia que nadie ha hecho más, que nadie se ha ocupado del tema como las actuales autoridades. Pero los que tenmos memoria sabemos que hubo un Presidente que sí lo hizo y con un sentido dialéctico de la historia y con una gran pasión por la educación y la salud de su pueblo. Fue el derrotado Doctor Illia, que no fue vencido en sus convicciones, pero lamentablemente fue abandonado por quienes se encargan de dividirnos para dominarnos.

Como ahora, sólo que ahora nos estamos dividiendo por cuestiones que no encaramos  dialogando sino tomando determinaciones a contra pelo de las verdaderas necesidades.
La revolución educacional será posible con maestros revolucionarios y con un gobierno que consciente de ello se preocupe por atender los reclamos docentes, que para construir un futuro próspero son insustituibles. No podemos pensar en la revolución social sin una educación concordante con los principios que ello implica: LA DEMOCRACIA Y LA REPÚBLICA SON ADEMÁS DE DOCTRINA UN COMPROMISO POPULAR Y NACIONAL.
Hoy los requerimientos para el trabajo son muchos y complejos. Quienes tienen en sus manos la capacitación, que no debe ser robótica sino la educación del hombre nuevo, deben ser mejor tratados por los gobiernos que se precien de ser progresistas. Porque el progreso no es por generación espontánea sino por educación.  

por Pedro Aguer

Denuncian que abren la puerta a la privatización del agua


La Coalición Cívica arremete contra el proyecto de un senador peronista. "Es anticonstitucional, está en franca oposición al artículo 85 de la Constitución Provincial de 2008, en donde se cita que el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado", advirtió De la Cruz de Zabal , presidenta de la Coalición Cívica Entre Ríos - ARI y ex convencional constituyente.

                                                                                            Adriana de la Cruz Zabal ( Foto AIM)


El proyecto de regulación de los servicios sanitarios que aguarda tratamiento en el Senado de Entre Ríos es una  iniciativa impulsada por el legislador César Melchiori y abre la puerta a la privatización del agua, denunció la presidenta de la Coalición Cívica ARI de Entre Ríos, Adriana de la Cruz de Zabal.

En declaraciones formuladas a “En el Dos Mil También”, la ex convencional constituyente sostuvo que la iniciativa del senador César Melchiori (FPV-Islas) viola el artículo 85 de la Constitución de Entre Ríos, que prohíbe que el servicio de agua sea prestado por particulares.

Al aludir al texto del proyecto que alude a la posibilidad de que el servicio sea prestado por figuras públicas, privadas o mixtas, De la Cruz de Zabal declaró: “No creo en la inocencia de este artículo”.

Fuente : En el Dos Mil También /FM Litoral

Oertlin aseguró que el fallo por el IIR “demuestra que en Entre Ríos no hay justicia”

El presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Edelmiro Oertlin,  afirmó a AIM que el fallo del juzgado Civil y Comercial de Paraná que echó por tierra el planteo de inconstitucionalidad de las normas que sostuvieron el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural (IRR), en abril de 2012, “demuestra que en la provincia no hay justicia”, y aseguró: “Con estas políticas estatales habrá una importante desaparición de productores”.


                                                  Oertlin: "en Entre Ríos no hay justicia”.

 
En Entre Ríos “no hay Justicia, ya que ratificar el descabellado e inconstitucional aumento que hubo el año pasado con respecto a al IIR no tiene sentido, ya que el gobierno no cumplió con las pautas normativas que estaban establecidas y se ratificó algo sin modificar la Ley”, dijo Oertlin a esta Agencia.

Ahora los ciudadanos no saben “cómo debería actuar la Justicia, porque hay sobradas razones para afirmar que esto que ocurrió es incosntitucional y se podría llegar a pensar que hay presiones por parte de algún lado para afectar directamente a los productores”, afirmó.

En ese marco, indicó que “la situación de los productores medianos y pequeños podrá complicarse muy fuertemente; acá no hace falta ni un crédito ni un subsidio, sino recomposición de los precios y de la parte impositiva, sino se logra hacer eso habrá una desaparición de productores importantísima”.

Al respecto, detalló que “lamentablemente el campo entrerriano está en circunstancias muy difíciles; el productor tiene un desfasaje importante ya que los números no le cierran y en ésto no solamente influye la parte impositiva sino que se suman los costos de producción que se incrementaron a valor del dólar no oficial y que la producción se paga en dólar oficial, menos las retenciones”.

Cabe recordar que desde 2003 a 2009 desaparecieron 60.000 productores y ahora no hay datos recientes, “pero en el campo se observa una disminución” de chacareros, dijo Oertlin, quien afirmó: “Cone estas políticas, el gobierno fomenta la desaparición de productores y la concentración en todos los niveveles; en la ganadería, la lechería, las economías regionales, en todos los casos el gobierno favorece la concentración de los capitales”.

Sobre los pasos a seguir, el dirigente comentó que aún no se definió cuándo se realizará un encuentro, pero calculó que en esta semana o la próxima podría haber una reunión.

El impacto de la lluvia

Pero no solamente las políticas públicas impactan negativamente, sino que la sequía generó nuevos problemas al sector. En ese marco, el productor comentó que en la provincia “fueron dispares las precipitaciones, por lo que hay distintas escalas de daño”. En ese sentido, precisó que “en algunos casos los daños son irreversibles, sobre todo en las sojas de primera y ciclo corto, pero en la soja de segunda, en las sembradas más tarde, se podría recuperar algo de las posibilidades productivas,  pero todavía no se sabe en qué nivel”.

Si bien habría buenas perspectivas para la soja de segunda, “no queda mucho tiempo para que se produzca una gran cantidad, pero podría revertirse en parte el pronostico desastroso que había”, dijo.

Fuente: AIM

lunes, 18 de febrero de 2013

Implementarán las guías digitales para las operaciones ganaderas

A partir de marzo se implementarán las Guías de Transacciones Ganaderas Digitales, nuevo sistema electrónico de emisión de guías que permitirá simplificar los trámites para el productor, ahorrar recursos al gobierno provincial y mejorar el seguimiento sobre el movimiento del rodeo. Productores y operadores ganaderos deberán darse de alta en el sistema porque a mediados de 2013 sólo funcionará esta nueva modalidad.

“Se ahorrarán por año cerca de dos millones de pesos en estampillas, emisión de guías y otros gastos a la provincia, además de mejorar el control y facilitar los trámites”, destacó el Ministro de Producción, Roberto Schunk.

“Entre Ríos es la segunda provincia en Argentina que tendrá vigente un sistema electrónico. Hemos analizado un programa que tiene el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el procedimiento que utiliza la provincia de Buenos Aires para desarrollar el mejor sistema electrónico en Entre Ríos”, comentó Schunk.

Las guías son obligatorias para cualquier movimiento de hacienda y este nuevo sistema reemplazará en el corto plazo las actuales guías manuales por otras con el mismo formato pero que se pueden confeccionar e imprimir desde internet.

Además de solucionar algunos problemas que presenta el actual sistema, las Guías de Transacciones Ganaderas presentan la comodidad de poder realizarlas desde cualquier lugar que tenga internet y en cualquier momento.

De esta manera, se mejora el control de los movimientos y ventas de ganado, y con ello, se da respuesta a un pedido que vienen realizando desde hace un tiempo ya los productores. También facilita el trabajo de la Policía, mejora la eficiencia del sistema bajando costos, facilita la emisión, mejora el control por parte de los organismos del Estado y aumenta la información para el desarrollo de políticas productivas adecuadas.

Las nuevas Guías comenzarán a funcionar a partir de marzo y contarán con un código de barras que permitirá el pago de las transacciones en cualquier lugar habilitado para el cobro por la entidad recaudadora, reemplazando el engorroso sistema actual de compra de estampillas.

Durante un breve período convivirán ambos sistemas para que productores y operadores ganaderos puedan darse de alta en el sistema y familiarizarse con el mismo. A mediados de 2013 se trabajará sólo con Guías de Transacciones Ganaderas Digitales.

Fuente : FM Riel Basavilbaso

Tamberos, sin respuesta


La Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL) que integran las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, junto con otras nueve organizaciones de tamberos, emitió un documento en el que aseguró que "nuestra lechería no tiene futuro" sin la participación de sus integrantes en las decisiones.



Bajo el título "Una lechería sin respuestas", la MNPL aseguró que continúa sin respuestas las demandas planteadas al Ministerio de Agricultura en agosto del año pasado, cuando se solicitó un reembolso de 30 centavos a la producción de los primeros tres mil litros de leche, y otras formas de financiamiento que no obtuvieron respuesta.

El Gobierno asumió el compromiso de estudiar la medida y a la vez el Ministerio de Economía intervino a los efectos de analizar la cadena de valor lácteo a los efectos de corregir eventuales distorsiones en la comercialización. "El estudio está terminado según nos manifestaron desde la Dirección de Competitividad del Ministerio de Economía correspondiente, sin que a la fecha nos llamaran para informarnos de los resultados obtenidos", indicaron desde la MNPL.

La entidad que agrupa a las organizaciones tamberas también criticó con dureza el "congelamiento de precios" al que calificó como una de las políticas "que distorsionan la competencia, desalientan la inversión y el crecimiento, sin resolver los problemas de quienes dice proteger". También criticaron a las principales industrias lácteas "que no colaboran con el aporte de transparencia que se necesita para el adecuado ordenamiento de la actividad".

Fuente:Ambito Financiero


La Justicia avaló el aumento del Inmobiliario Rural


El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 rechazó el planteo de inconstitucionalidad que hizo el campo.


A casi un año de que fuera noticia la judicialización del reclamo en contra de los nuevos valores del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), el gobierno provincial obtuvo un fallo que echa por tierra los argumentos planteados en una acción de inconstitucionalidad contra las normas que permitieron esa valuación impositiva. El fallo, del juez en lo Civil y Comercial Nº 2 Martín Luis Furman, se produjo el miércoles.

 El abogado José Velázquez, en representación de Ana María Oríz y de Alcides Vicente Martínez, promovió la acción atacando numerosos aspectos de las leyes y decretos que permitieron el incremento del tributo a inicios de 2012. En ese momento, las entidades agropecuaria sostuvieron que esa suba llegaba en algunos casos al 700% y recurrieron a la Justicia.
 

En este caso puntual se promovió la acción para la Ley N°10.130; el Decreto N° 486/2012; la delegación de facultades del artículo 13 de la Ley N° 8.672; el método adoptado por el decreto 486/2012 y la Ley N° 10.102; pidiéndose además que cautelarmente se suspendan los efectos de las dos últimas normas mencionadas.


En una extensa argumentación el letrado sostuvo que las normas que cuestionó afectan a la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada; y también al Pacto de San José de Costa Rica ya que la Provincia no respetó “las exigencias formales para la recaudación impositiva y avasalló a través del despojo la propiedad privada...”.


Para determinar el avalúo fiscal -del que se deduce el monto del tributo a pagar- debe antes determinarse el “valor básico unitario” que se multiplica por la superficie de la partida y por el coeficiente de ajuste, para obtener el valor final. A su vez, el valor de la hectárea está determinado por otros elementos, como la zona ecológica económica a la que pertenece (en la provincia hay 37 zonas).

Velázquez sostuvo que todos esos actos administrativos que alteran unilateralmente el avalúo fiscal, escaparon al control del Poder Legislativo deviniendo ilegales y arbitrarios. Que al dictar el decreto 486 el Ejecutivo no respetó la fórmula de los anexos del Decreto N° 6827/1992 al que también calificó de ilegal; y que la Ley 10.130 ratificó los actos “nulos de nulidad absoluta llevados a cabo por el Ejecutivo”.

El extenso repaso de los diferentes instrumentos legales llevó al letrado a calificar el accionar del Ejecutivo como desprolijo y arbitrario, sin respetar siquiera -en el caso de la Ley 10.130- el principio de legalidad, que en este caso reclama que la ley formal contenga por los menos los elementos “básicos y estructurantes del tributo”, como son la configuración del hecho imponible, la atribución del crédito tributario a un sujeto, la determinación del sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota y las exenciones.

También denunció Velázquez que para sancionar esa norma se violó el principio republicano “al haber usado a la legislatura como una escribanía”, basándose en declaraciones periodísticas del presidente del bloque de diputados radicales, Agustín Federik. A su turno, el Fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes, basó su respuesta señalando que el error inicial del actor es considerar que se asiste “al nacimiento de un tributo cuando en realidad solo estamos en presencia de una simple ratificación de la determinación del avalúo”, enfatizando que el tributo fue creado por ley que y que el Poder Ejecutivo hizo uso de sus facultades para establecer fórmulas de cálculo del mismo.

Entre otros aspectos, destacó que un tributo se considera confiscatorio cuando supera el 33% (del valor de la propiedad) pero que la actora no ha dicho ni demostrado nada al respecto.

En la sentencia, el magistrado entendió -citando en su apoyo a Daniel Sabsay- que el análisis de la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe realizarse “con suma prudencia”. En cuanto al artículo 13 de la Ley 8.672, que dispuso que el Ejecutivo realice la aprobación de las zonas, valores unitarios básicos y fije la fecha de vigencia de las valuaciones fiscales; Furman señaló que “la ley no podría en ningún caso -ni siquiera la reglamentación-, por lo engorroso e innecesario, fijar el valor de cada inmueble objeto del tributo.

Lo que sí debe hacer la ley es fijar las distintas categorías de construcciones y las pautas o parámetros que condicionan la pertenencia a cada una de ellas, los valores de reposición, los índices de amortización o depreciación, así como los elementos a ser tenidos en cuenta para el avalúo de los terrenos...”

Por ello, destaca luego que la Ley 8.672 “no ha delegado la facultad de determinar la base imponible” como se denunció, “sino el valor unitario básico y conforme las detalladas pautas que la misma ley proporciona”. En esa perspectiva, la delegación legal en el Ejecutivo se adecua al marco constitucional ...”, agregó.

La defensa de la constitucionalidad de la Ley Nº 8.672 se extiende al decreto 486, que se suponía ilegal por haberse dictado como consecuencia de lo dispuesto en la ley. Pero esa no era la única objeción al decreto, también se lo atacaba -paradójicamente- por no seguir lo que manda la 8.672 en cuanto a la forma de calcular los valores básicos. La norma superior manda a tener en cuenta los rendimientos físicos y precios de los cinco años anteriores al año en que se disponga la vigencia de las valuaciones, mientras que de acuerdo a la denuncia el Ejecutivo sólo tuvo en cuenta los precios del último año; pero no se ofrecieron pruebas al respecto. Igualmente el juez entendió que “la consideración de los precios del último quinquenio no es un requisito legal para todas las etapas” y que, por lo tanto, el decreto no violó la norma superior.

A su vez, la Ley 10.130 fue impugnada por haber ratificado al decreto 486. Si éste fuera inconstitucional, también lo sería la ley. Como el juez entendió que el decreto se adecua a la Constitución Nacional, ese argumento perdió su sustento.

El segundo motivo de impugnación es que la norma habría violado el sistema republicano, por haber usado a la Legislatura como “una escribanía”. El juez dijo: “...Excedería ampliamente mis facultades considerar, por ejemplo, si el Ejecutivo envió el proyecto al Senado porque allí el partido de gobierno tiene la totalidad de las bancas como se denuncia ...”.

En cuanto a la Ley 10.102, que aplica alícuotas progresivas a los efectos de calcular el impuesto, el juez otorga razón al demandante, que señaló que la cuota fija tiene como objeto facilitar el cálculo del impuesto a partir de establecer el máximo valor del tramo inferior. Y que, sin embargo, la ley establece valores para las cuotas fijas que superan el máximo de la escala anterior provocando una discontinuidad en la progresividad del impuesto, lo cual conculcaría el principio de equidad incorporado en la Constitución Provincial.

Sin embargo, indica que ello, de todos modos, no es suficiente “para tachar a la ley por inconstitucional. En efecto, la impugnante parte de una premisa sin fundamento normativo: que la cuota fija tenga como objeto facilitar el cálculo del impuesto a partir de establecer el máximo del valor del tramo inferior. No advierto el fundamento constitucional en virtud del cual tenga que haber una coincidencia absoluta. Más bien entiendo que se trata de una cuestión de política legislativa. El legislador tiene facultad para establecer las alícuotas y montos imponibles...”, precisó.

Fuente:RecintoNet